Cepal, frente a la pandemia para una recuperación con igualdad y sostenibilidad

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Cepal, frente a la pandemia para una recuperación con igualdad y sostenibilidad

CEPAL propone pactos políticos y sociales con amplia participación, más simetría entre actores y liderazgos transformadores frente al COVID-19 para una recuperación con igualdad y sostenibilidad en la región

La Secretaria Ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena, presentó hoy el octavo informe especial producido por la institución en el marco de la pandemia del COVID-19, durante un seminario web que contó con la intervención de diversas personalidades de América Latina y el Caribe.

15 DE OCTUBRE DE 2020|
 
cepal, frente a la pandemia para una recuperación con igualdad y sostenibilidad
Alicia Barcena

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propuso hoy la construcción de pactos políticos y sociales de largo alcance y con amplia participación en la región, para que mediante el diálogo y liderazgos transformadores se logren consensos para universalizar la protección social y la salud, y reorientar el desarrollo sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad ambiental.

“Se requerirán pactos políticos que incluyan políticas fiscales expansivas, progresivas, eficaces y eficientes”, especificó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante el lanzamiento del Informe especial COVID-19 N⁰ 8 de la institución, titulado Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19.

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“Necesitamos liderazgos que den certidumbre, que sepan construir alianzas, que nos ayuden a recuperar la política y el bienestar, que nos ayuden a promover la solidaridad entre las naciones, a fortalecer la integración regional, a cumplir las agendas internacionales, entre ellas la Agenda 2030, y a enlazar la emergencia con la recuperación. Porque esta región requiere guía, certeza, liderazgos y orientación para una transformación”, resumió la máxima autoridad de la CEPAL.

Bárcena recordó que América Latina y el Caribe enfrenta la peor crisis en cien años, con efectos y consecuencias sanitarias, económicas, sociales y políticas que perdurarán en el mediano plazo.

La pandemia del COVID-19, dijo, ha evidenciado problemas estructurales del modelo de desarrollo de la región, profundizando la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad económica y social y aumentando las ya inaceptables brechas de género, ya que “las mujeres son las más expuestas a la pérdida de empleos por el confinamiento, están empleadas en la primera línea de cuidados y son las menos protegidas”.

La CEPAL estima que el producto interno bruto (PIB) de la región caerá 9,1% en 2020 y se prevé el cierre de 2,7 millones de empresas formales. El desempleo alcanzaría a 44 millones de personas y se espera un retroceso de 15 años en materia de reducción de la pobreza (con 231 millones de personas en esta situación en 2020) y un retroceso de 30 años en cuanto a la pobreza extrema (96 millones de personas).

Si bien destacó los esfuerzos fiscales realizados por los países para enfrentar la pandemia (que han promediado 4,1% del PIB, acompañados de garantías estatales de crédito de hasta 10% del PIB), reiteró que estos no han sido suficientes. En América Latina, el 53% de la población económicamente activa no cotiza ni está afiliada a sistemas de salud y se observa una crisis de los estratos medios, apuntó.

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En una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles, ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas.

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Por otra parte, dijo, “tenemos que aprender del pasado” y atender fenómenos como “el alto descontento ciudadano, el distanciamiento preocupante de las democracias representativas, la falta de confianza hacia las autoridades e instituciones y el poco recambio generacional en la política”.

“Resulta fundamental no perder de vista la centralidad de los derechos humanos y la vigencia del Estado de derecho durante la pandemia, así como en el proceso de recuperación”, sostuvo. “Las medidas de emergencia no deberían alterar injustificadamente los procesos democráticos, el derecho a elegir y a ser elegido, que son fundamentales para la democracia”, alertó.

“Tenemos que escuchar, dialogar y empoderar a los territorios, gobiernos y actores subnacionales. Esta crisis también evidenció que la sociedad civil, la academia y el sector privado son actores indispensables”, remarcó Bárcena.

El documento fue presentado durante un seminario web que contó con comentarios de Beatriz Paredes Rangel, Senadora de la República de México; Benito Baranda, Presidente de América Solidaria; Laura Flores, Directora de la División de las Américas del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas; Cecilia López, Presidenta del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico (CISOE); y María Fernanda Espinosa, Presidenta del 73° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la moderación de Luis F. Yáñez, Oficial a cargo de la Secretaría de la Comisión de la CEPAL.

“El documento que se nos presenta hoy es espléndido, ya que de una manera sintética y precisa proyecta una visión integral de los principales aspectos a considerar ante la compleja circunstancia a la que nos enfrenta el COVID-19, y propicia que no se escape ninguno de los temas esenciales que deben considerarse en el diseño de políticas públicas”, señaló la Senadora Beatriz Paredes. “Invito a la CEPAL a presentarlo en el Congreso Mexicano y sugiero que se hagan presentaciones similares en toda la región”, acotó.

Durante su intervención, Benito Baranda también valoró el diagnóstico y las propuestas del informe e indicó que estamos frente a una crisis de humanidad que amplió la grieta de la desigualdad en la región. “En efecto, la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe vivíamos ya, previo a la crisis sanitaria, una diversidad de crisis no enfrentadas, no resueltas”, dijo el Presidente de América Solidaria, quien llamó a aprovechar la oportunidad de modificar las asimetrías que ha construido un modelo que lleva a competir y no a colaborar.

“Me parece no solo oportuno sino fundamental el llamado que hace la CEPAL, a través de este informe, a buscar pactos políticos y sociales que permitan enfrentar las consecuencias de la pandemia del COVID-19 de manera sostenible”, expresó, por su parte, Laura Flores, del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. “Como propone el informe, ahora más que nunca las políticas de los gobiernos deben ser transparentes, inclusivas, receptivas, centradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que sigue siendo nuestro marco para la recuperación”.

Para Cecilia López, de CISOE, “el mensaje de la CEPAL, que nosotros compartimos, es ‘liderazgo político, fortalecimiento de la democracia’, que parte por reconocer la identidad latinoamericana y del Caribe. Llegó el momento de asumir ese liderazgo, solos no podemos”. López aseguró que es la hora de concretar un acuerdo regional con liderazgo político, que las Naciones Unidas, y la CEPAL en particular, podrían liderar.

Finalmente, junto con agradecer la labor de la CEPAL, a la que describió como “una brújula, que ha ofrecido orientaciones claras y que se ha transformado en un referente para otras regiones del mundo”, María Fernanda Espinosa señaló que “requerimos una acción política transformadora, que incluya, que escuche, que se afinque en uno o varios pactos de acuerdos mínimos. Necesitamos más Estado, más comunidad, más cooperación, más multilateralismo, para temas de sentido común: el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el respeto a la naturaleza”.

Para reconstruir mejor es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en la presentación del informe de políticas sobre los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe.

 

                                                                                                               ONU Antonio Guterres

A medida que el COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo, América Latina y el Caribe se han convertido en un foco de la pandemia.

En un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas.

Las mujeres, que constituyen la mayoría de la fuerza de trabajo en los sectores económicos más afectados, ahora también deben soportar la carga de los cuidados adicionales.

Las personas de edad y las personas con discapacidad corren un riesgo mucho mayor de morir a causa del virus.

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Los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, al igual que los migrantes y los refugiados, también sufren de manera desproporcionada, pues entre ellos la vulnerabilidad se multiplica.

Debemos hacer todo lo posible por limitar la propagación del virus y hacer frente a los efectos de la pandemia sobre la salud.

Además, debemos encarar sus repercusiones sin precedentes en el ámbito económico y social.

En el informe se exhorta a los gobiernos a hacer más por reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición mediante, por ejemplo, un ingreso básico para situaciones de emergencia y ayudas contra el hambre.

La educación se ha visto interrumpida en toda la región. Es indispensable priorizar la educación a distancia y, de manera general, la continuidad de los servicios dedicados a la infancia.

He hecho un llamamiento para poner en marcha un paquete de rescate y recuperación equivalente a más del 10 por ciento de la economía global. Los países desarrollados lo están haciendo por sí mismos con sus propios recursos.

En el caso de América Latina y el Caribe, la comunidad internacional debe proveer liquidez, asistencia financiera y medidas de alivio de la deuda.

Los países de América Latina y el Caribe, y en particular los pequeños Estados insulares en desarrollo, no deben quedar excluidos de la asistencia mundial. Es necesario ampliar la respuesta multilateral internacional a los países de ingresos medios.

Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social.

También conlleva una mayor integración económica regional.

Y supone que las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica.

Por último, para reconstruir mejor, hay que reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. En un momento en el que demasiados ciudadanos y ciudadanas se sienten excluidos, lka rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales.

Expreso toda mi solidaridad con los pueblos de América Latina y el Caribe, que al enfrentar esos desafíos deben guiarse por la solidaridad y la compasión.

Juntos podemos superar esta crisis y construir sociedades inclusivas y sostenibles para todos.

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